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General Rozas confirmó responsabilidad de Carabineros en varias denuncias tras el estallido social

El general director de Carabineros aseguró que se aplicarán las sanciones correspodientes a funcionarios que hayan tenido apremios ilegítimos.

Esta jornada de jueves, el general director de Carabineros, Mario Rozas, se refirió a las investigaciones hechas contra funcionarios de la institución por apremios ilegítimos durante el estallido social, a lo que informó que existe «certeza administrativa que hay responsabilidad de los carabineros involucrados». 

Del total de 856 investigaciones, explicó que algunas ya están en su término, asegurando que aplicarán sanciones como anotaciones negativas y salidas de ciertos funcionarios de la institución. 

Algunos de los casos que serán sanciones, serían «el Liceo 7 donde se hizo uso de la escopeta antidisturbios, el caso del estudiante de medicina, el fallecido en Maipú que hay una vinculación con la institución, un joven que resultó golpeado en Maipú y fue viralizado en redes sociales, los golpes a varias personas en un cerro de Valparaíso después de un saqueo, el carabinero que utilizó a un menor como escudo humano, la utilización de gas pimienta en Melipilla, la agresión que sufrió una persona en la plaza de Ñuñoa».

Rozas también recalcó: «Algunas de las investigaciones que se están realizando se ha llegado a la certeza administrativa que hay responsabilidad de los carabineros involucrados». 

Por otro lado expresó que ha puesto su cargo a disposición, asegurando que «somos obedientes, no deliberantes y soy el primero en acatar esa decisión». 

AGENCIA UNO

Reforma en Carabineros

Rozas aseguró que instaurará una mesa de traba a cargo del general subdirector de Carabineros para trabajar en la modernización u optimización de  sus recursos humanos y logísticos. 

Uno de los cambios sería respecto al funcionamiento de la institución, donde explicó que se actualizarán los manuales operativos y los protocolos de actuación del orden público.

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«Lo vamos a realizar sobre la base de la sociedad civil, vamos a solicitar ayuda para que instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y toda aquella institución de la sociedad civil nos pueden ayudar a actualizar nuestra tácticas y técnicas de control del orden público”, explicó.

Sobre lo aspectos tecnológicos, expresó que incorporarán armas no letales, vehículos más livianos y que tengan un «estándar más amigable para el control del orden público». 

 


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