Este martes, el pleno de la Convención Constitucional aprobó en particular el artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos, que declaran legal el aborto.
Entre aplausos y gritos de celebración se le dio el visto bueno al artículo, que ahora pasa al borrador del texto constitucional.
Este último, que será votado en el plebiscito de salida por la ciudadanía.
¿Qué se votó?
El artículo 16 se compone de tres incisos, dos de los cuales fueron aprobados.
Inciso primero: «Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción».
Inciso segundo: «El Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones».
Inciso tercero: «El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer, de manera libre, autónoma y no discriminatoria, sus derechos sexuales y reproductivos».
¿Qué se aprobó?
El primer inciso obtuvo 113 votos a favor, 35 en contra y cinco abstenciones.
El segundo de ellos se aprobó con 108 votos a favor, 39 en contra y seis abstenciones.
Mientras que el tercero fue rechazado pues solo alcanzó 97 a favor, 64 en contra y 10 abstenciones. Este último inciso tendrá que volver a la Comisión de Derechos Fundamentales.
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En resumen:
El Pleno de la Convención Constitucional aprobó la iniciativa “Será Ley”, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos para todas las personas.
Y a la vez, el deber del Estado de asegurar las condiciones para un embarazo o la interrupción voluntaria de este para todas las mujeres y niñas del país.