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Caso Haeger: Jaime Anguita y sus hijas demandan al Estado y acusan «torturas»

La familia de Viviana Haeger exige una indemnización cercana a los 2 mil millones de pesos, por supuesto actuar negligente de PDI, SML y la Fiscalía.


A dos años del término del caso por la muerte de Viviana Haeger, su familia presentó una demanda en contra del Estado de Chile. En ella, se acusan torturas a Jaime Anguita, esposo de la víctima y uno de los principales sospechosos.

Según informa La Tercera, tanto Jaime como sus dos hijas, acusan negligencia por parte de las instituciones que estuvieron involucradas en el caso. Vale decir, Fiscalía, el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigaciones.

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Cabe recordar que en 2017, Anguita fue absuelto por el tribunal. Esto, ya que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en el juicio no bastaron para acreditar su supuesta participación en el crimen.

Haeger

Al mismo tiempo, la justicia declaró culpable de robo con homicidio a José Pérez Mancilla. Éste último, fue condenado a 10 años de cárcel por la muerte de Viviana Haeger.

Lo que pide Jaime Anguita

Según se explica, la familia exige ser indemnizada en $1.998.125.980 por los daños ocasionados a raíz de la falta de servicio de los organismos públicos mencionados.

En las acción, denuncian que Jaime Anguita sufrió «torturas» por parte de entidades del Estado. Por ejemplo, afirmaron que por el lapso de más de un año y nueve meses, Anguita fue encarcelado como el principal sospechoso de la muerte de su mujer.

“Como primera medida, se requirió a Gendarmería que aplicaran la política por riesgo de suicidio, por lo que durante más de seis meses no pudo dormir con la luz apagada, es decir en oscuridad. Era despertado reiteradamente en las noches y debía dormir vigilado por un gendarme quien estaba en la misma celda que él”, consignó la demanda.

“Esto generó un profundo estrés y llega incluso a ser un ejemplo claro de tortura en contra del demandante que fue víctima de la negligencia del Ministerio Público, la PDI y el SML». «De igual forma fue torturado por orden de un servicio dependiente del Estado que tiene como obligación velar por la protección de sus derechos”, acusó la familia.


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