El actor, Cristian Campos, presentó una demanda civil en contra de Raffaella Di Girolamo y la Fundación Para la Confianza. Se trata de una indemnización por casi 800 millones de pesos.
La acción judicial surge meses después de que Campos fuera sobreseído en una causa por abuso sexual presentada por Di Girolamo en marzo 2024.
- Si te interesa saber más sobre el tema, te recomendamos leer cuando Cristián Campos fue sobreseído definitivamente en denuncia de abuso: Corte no acreditó delitos de connotación sexual
La millonaria demanda de Cristián Campos a Raffaella Di Girolamo
La mañana de este sábado se conoció que el actor, junto a su hija, interpuso la demanda en el 15° Juzgado Civil de Santiago. Según consignó La Tercera, el documento fue ingresado el pasado jueves 23 de octubre por el abogado Carlos Cortés, en representación de Cristián Campos.
El texto judicial argumenta que las acusaciones afectaron gravemente la salud emocional y profesional del intérprete. Durante el año y medio que duró el proceso, Campos se habría sometido a tratamientos psiquiátricos por estrés, con un costo cercano a los 20 millones.
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Además, la demanda detalla perjuicios económicos derivados de la pérdida de diversos proyectos laborales. Entre ellos, su exclusión de la obra "Reunión de apoderados", que posteriormente fue adaptada a formato de teleserie. Esto le habría significado dejar de percibir 54 millones de pesos.
A eso se suman los roles que, según el documento, perdió en las películas "El tercer Reich", "La Ola" y "La Fuente". Dichas oportunidades habrían presentado ingresos cercanos a los 70 millones de pesos.
El actor también solicita una compensación por daño moral, estimada en 600 millones, argumentando el impacto psicológico y reputacional que sufrió tras la denuncia. En total, la demanda solicita 794 millones de pesos en contra de Di Girolamo y la Fundación Para la Confianza.
La acción legal también incluye a la hija del actor con la actriz María José Prieto, quien demanda una indemnización adicional de 100 millones de pesos. Según el documento, la adolescente, de 15 años al momento de la denuncia, debió iniciar tratamiento psicológico tras la exposición mediática del caso.
El texto concluye que el daño emocional sufrido por la menor y su familia era "previsible" y consecuencia directa de las declaraciones realizadas por los demandados.
