El 18 de marzo el presidente Gabriel Boric firmó el Acuerdo de Escazú para que el país se una a los 24 países firmantes y 12 ratificantes del pacto. El tratado fue promovido en 2020 por Costa Rica y Chile, pero pocos días antes de ratificar el gobierno de Sebastián Piñera decidió no firmarlo.
Por eso, el actual presidente señaló durante la actividad, “Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo. (…) Hoy enmendamos el rumbo”.
Y aseguró que, “Este acuerdo representa un hito en el camino hacia una nueva relación entre el Estado y sus habitantes en materia ambiental. Y requiere del compromiso de todas y todos”.
Además, el mandatario añadió, “este es el primer acuerdo vinculante del mundo respecto de la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en una región donde esta lucha ha costado ya varias vidas”.
Recordar que firmar el pacto era una de las propuestas del presidente Gabriel Boric durante su candidatura.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
Rafael Sotomayor, Director Fundación Intervención Consciente de Activo Austral, mencionó que “La firma de Escazú representa un hito ambiental, que da cierre a 4 años de espera y viene a reforzar nuestra institucionalidad ambiental, que si bien cuenta con diversos mecanismos, protocolos y tratados internacionales, siempre es perfectible”.
Luego agregó que hay que dialogar sobre cómo se implementará y articulará ya que tiene 3 importantes focos, “en donde tanto la sociedad civil, el sector empresarial y las autoridades gubernamentales competentes en esta materia, tienen que saber lograr llegar a acuerdos”.
El experto, Rafael Sotomayor afirmó que el Acuerdo de Escazú es «un tratado que propone un marco definido que permita elevar estándares con los que actualmente se resuelven todas las temáticas medioambientales, en los territorios habitados por comunidades”.
“Y buscar cobertura a tres grandes derechos. El primero sería en que la ciudadanía pueda acceder a información en materia ambiental. Y la obligación al mismo tiempo del Gobierno de mantener actualizada plataformas y sistemas para entregar esta información”, enfatizó.
El segundo, explicó que “es la participación pública de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Garantizando mecanismos de participación en proyectos que pudiesen tener algún impacto negativo en algún sector”.
Y el tercero, “es consagrar el acceso a la justicia ambiental. Que más que todo enfoca, abrir la opción de impugnar proyectos que tengan información dudosa o poco transparente, establecimiento también medidas de protección a todos los defensores ambientales”.
¿Qué proceso debe seguir?
La actividad que se realizó en el Patio de los Naranjos en La Moneda fue la firma del Presidente de la República al proyecto de ley que tiene como objetivo que Chile ratifique el pacto.
Lo anterior quiere decir que primero debe pasar por el Congreso para que sea oficialmente proclamado. Por esto, será ingresado como de “suma urgencia” para agilizar el proceso en ambas cámaras.
Durante la ceremonia, se hizo el llamado a que los parlamentarios aprueben el proyecto. Por parte de la oposición Diego Schalper, aseguró que están abiertos a estudiar el apoyo al Acuerdo de Escazú.
Por ahora, con la firma del presidente, Chile ya podrá participar en la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú. El cual se realizará el 22 de abril.
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